Ciberataques como el ocurrido en estos días al BancoEstado; el de 2018 al Banco de Chile, y las filtraciones de miles de tarjetas de crédito en 2019, recuerdan los pendientes de la agenda legislativa de ciberseguridad en el Congreso: la Ley de Delitos Informáticos; la ley de Protección de Datos, que además forma parte de un compromiso pendiente con la OCDE desde 2010 y de dar contenido al derecho fundamental consagrado en 2018. Se suma Infraestructura Crítica e Institucionalidad de Ciberseguridad, no presentados aún.
La transformación digital es irreversible y obliga a las organizaciones a invertir en capacidad humana y técnica para ser ciberresilientes. La ciberdelincuencia es una industria, que hoy se enfrenta bajo un marco jurídico obsoleto, que no proporciona las herramientas adecuadas para investigar y castigar delitos, y supervisar la protección de los datos.
La regulación y promoción de un sistema legal de base para la Ciberseguridad, que se consigue con la aprobación de la agenda, no sólo es un asunto de mirada técnica, sino que implica la eficacia de nuestros derechos fundamentales en los entornos digitales, lo que debería ser una prioridad.

Carta publicada en Diario Financiero