El uso de datos personales es indispensable para controlar y tomar decisiones de política sanitaria que ayuden a frenar el Coronavirus. En ese contexto se instaló el debate que debemos sacrificar protección de datos por salud, y que no sería posible implementar ciertas soluciones por ser contrarias a la protección de datos.
Sobre lo primero, los datos personales -de salud o no- se someten a reglas de tratamiento, finalidad, seguridad, proporcionalidad, responsabilidad y transparencia que son más atingentes y útiles que nunca, respecto al cómo, cuándo, dónde y qué se hace con éstos. El Estado si bien puede limitar este derecho Estado de Excepción Constitucional como este, no puede obviar estas reglas, pues son el supuesto de base para que las decisiones que se tomen en base los datos sean confiables y adecuadas.  
Sobre lo segundo, en Europa bajo la estricta legislación de protección de datos, se propone el monitoreo de datos geolocalizados de usuarios facilitados por las TELCO -con las debidas garantías para los ciudadanos- para rastrearlos y así frenar el virus. ¿Sería posible en Chile? En momentos de crisis, las autoridades sanitarias tienen facultades (y responsabilidades) extraordinarias para tratar la información de salud y toda aquella información de contexto necesaria y pertinente. Las tecnologías de geolocalización, traqueo, drones, videovigilancia, aplicativos y otros, deben evaluarse en su contexto, necesidad, idoneidad, oportunidad y por el estricto tiempo en que sean necesarias. Estas facultades son sólo para el Estado, pues este puede ser fiscalizado. Un llamado entonces a ser cautelosos respecto de iniciativas privadas, sobre las que no tenemos herramientas para exigir estándares de protección, ni claridad del modelo de negocios detrás. La falta de garantías de protección de datos, principalmente la ausencia de un ente supervisor sobre lo público y lo privado, nos sitúa en un escenario ambiguo y precario sobre lo que se puede o no hacer y cómo nos podemos proteger. Ningún gobierno ha impulsado ponerle fin a esta incertidumbre mediante una normativa actualizada de protección de los derechos de las personas, expresados través de sus datos. La urgencia es evidente.

Columna escrita para Fundación Multitudes, publicada en Diario La Segunda.