Recientemente estuvo disponible en la web del SERVEL una base de datos con información personal y sensible de los votantes en flagrante vulneración a la ley de datos personales y su garantía constitucional. Vemos una vez más debilidad en la gestión de datos en el Estado y la evidente falta de una autoridad de control. Sobre esto último hay consenso, estando entrampado el debate hace años en sus características orgánicas y especialidad.

El SERVEL por mandato legal, publica en su web el padrón electoral (con nuestros datos) previo a las elecciones, asunto cuestionable considerando que la realidad de internet no es equivalente a la publicación de registros físicos. Volviendo al caso ¿cuáles serían sus consecuencias hoy? Iniciadas acciones civiles y años de litigación, la sanción probable es suspensión del jefe del Servicio por 5 a 15 días, lo que nunca se ha verificado, no por inexistencia de casos, si no por las dificultades del ejercicio de esta ley.

La nueva regulación que hoy está en la Cámara de Diputados es más alentadora. Las sanciones son más altas y la entidad de control asegura una investigación imparcial, técnica y especializada. Con todo, es momento para revisar la suficiencia e incentivos que generan estas normas para la protección de datos en el Estado.

Hoy estamos a merced de una investigación interna del infractor, donde no soy optimista de sus resultados. Estando adportas de un proceso electoral crucial en los destinos de Chile, son urgentes las señales de confianza, de no intervención y diligencia en el manejo de nuestros datos.

Columna publicada en La Tercera.